domingo, 18 de dezembro de 2011

888- Los ricos pagarán más en El Salvador.

Los ricos pagarán más en El Salvador

La Asamblea Legislativa aprueba una reforma que establece un sistema fiscal progresivo.

El Gobierno pretende destinar la mayor recaudación a programas sociales y de seguridad.


El presidente de El Salvador, Mauricio Funes, durante una rueda de prensa / EFE

Sin pegar un solo tiro, la izquierda exguerrillera salvadoreña ha logrado hacer una modificación importante en el sistema económico nacional, específicamente en el sistema fiscal: los sectores más ricos de esta sociedad tan desigual pagarán más impuestos. Los grandes empresarios y sus representantes políticos, hasta hace poco intocables, han puesto el grito en el cielo.
Con 66 votos a favor y 17 en contra, la Asamblea Legislativa ha reformado el Impuesto sobre la Renta (ISR), que obligará a los sectores empresariales más pudientes a pagar más impuestos de los que hasta ahora pagaban con el fin de equilibrar una balanza que durante siglos ha beneficiado a los poderosos.
Según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), El Salvador es el país con menor carga tributaria de Centroamérica y la desigualdad es abismal: en 2008, el 10% de los hogares salvadoreños más pobres pagó al Estado en concepto de impuestos 30 dólares por cada 100 percibidos. En el otro extremo, el 10% de los hogares con más ingresos pagó al Estado un promedio de 11 dólares por cada 100 recibidos.
Todos los asalariados en El Salvador pagan el 10% de ISR, independientemente de sus ingresos. Sin embargo, la tabla aprobada el miércoles por los diputados exonera del pago de dicho impuesto a los que ganan entre 0,01 centavo de dólar hasta 4.064 dólares, lo cual beneficia a los sectores bajos y medios de la sociedad. La tabla también indica que pagarán el 10% de ISR los que cobran mensualmente entre 4.064 y 9.142 dólares; el 20%, los que tengan ingresos entre 9.142 y 22.857 dólares y el 30% los que tienen ingresos superiores a 22.857 dólares.

El Gobierno estima que con la reforma aprobada el fisco recaudará unos 170 millones de dólares
Después de más de dos semanas de agrios debates y contradicciones entre el Gobierno que encabeza Mauricio Funes y los gremios empresariales, aglutinados en la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), la Asamblea Legislativa dio el visto bueno al Dictamen 350,  con los 66 votos a favor de los diputados del oficialista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), la llamada derecha popular de Gran Alianza Nacional (GANA), el socialdemócrata Centro Democrático (CD) y los conservadores Conciliación Nacional (PCN) y Demócrata Cristiano (PDC).
La exgobernante Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), que gobernó durante 20 años -desde 1989 hasta 2009-, fue el único partido que votó en contra de la reforma, que considera “dañina” para el país. Como la ANEP, afirma que la crisis económica se incrementará porque “habrá huidas de capitales e inversiones, no se generará empleo y, al final, las empresas trasladarán sus pérdidas a los consumidores y sus trabajadores”.
La injusticia tributaria se puede apreciar en un ejemplo: el caso de la telefónica Tigo. Informes hechos públicos por el Ministerio de Hacienda indican que dicha empresa, registrada en 2008 como Telemóvil El Salvador SA, reportó ingresos en ese mismo año de más de 452,5 millones de dólares.  A pesar de ello, Tigo pagó en concepto de Impuesto sobre la Renta unos 500 dólares.
El Gobierno estima que con la reforma aprobada el fisco recaudará unos 170 millones de dólares que serán destinados a mejorar las áreas sociales y de seguridad de El Salvador, que es por el momento, junto a Honduras y Guatemala, uno de los tres países más peligrosos del mundo por sus altas tasas de homicidios, extorsiones y robos, según informes de Naciones Unidas.
“Nos parece que es un avance. Hubiéramos esperado un poco más, sin embargo, es un avance, se logra incrementar la recaudación tributaria, se logra un poquito de justicia tributaria y nos parece que se arriba a un régimen más transparente” dijo la vicepresidenta del Parlamento, Lorena Peña,  exjefa de las antiguas guerrillas.
Por otra parte, sectores empresariales alegaron que esta reforma era “un parche y no una solución al hueco fiscal” que el Gobierno de Funes ha provocado con el “despilfarro” en los gastos.
Funes alega que el aumento de los gastos ha sido para mejorar tanto la seguridad del país,  al contratar más policías, como para contratar maestros y médicos para atender zonas jamás atendidas en otra época.

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